DOS
AÑOS DE SANTOS
Por:
Eduardo Sarmiento
La administración Santos se inició con
grandes anuncios de locomotoras para estimular el crecimiento del empleo y las
acciones públicas para introducir grandes reformas distributivas.
En el plan de desarrollo se anticipó
una tasa de crecimiento de 6%, la reducción del desempleo y la aprobación de
ambiciosos proyectos de ley de corte social.
La idea fuerza de las locomotoras no
pasó de la enumeración de los sectores y no avanzó en un análisis sobre sus
interrelaciones y objetivos. Nunca se establecieron los medios para
impulsarlas. Hoy en día es claro que de las cinco locomotoras —la minería, la
agricultura, la infraestructura, la vivienda y la innovación— sólo se ha
avanzado en consolidar la primera, que viene de la administración anterior,
incluso de 20 años atrás.
Por tratarse de un sector que genera
cuantiosas divisas por la financiación de sus elevadas necesidades de inversión
y por la naturaleza del producto final, la expansión de la minería crea una
abundancia de dólares que revalúa el tipo de cambio y desplaza la industria y
la agricultura. Así lo confirman las cifras más recientes. En el primer
semestre la minería creció 11%, en tanto que la industria y la agricultura lo
hicieron cerca de cero. Lo que se gana con la producción de la minería, incluso
sin descontar la repatriación de capitales, se pierde en la industria y la
agricultura.
En materia de empleo no se han
cumplido las metas oficiales. La pequeña reducción del desempleo estuvo
acompañada de un aumento del subempleo; la mayor parte de las nuevas
ocupaciones se encuentran en la informalidad. Por lo demás, en las ciudades la
tasa se mantiene en dos dígitos y en varios casos por encima del 15%.
La política monetaria ha sido determinada
en buena medida por la prioridad minera. El balance macroeconómico se ha
buscado por la vía de la revaluación y el aumento del crédito, que inducen a
adquirir los bienes transables en el exterior. Se configuró una estructura en
que la producción se origina en la minería y los servicios y el consumo de
bienes industriales y agrícolas se realiza en el exterior. Tal como se demostró
en el primer semestre, el expediente es insostenible y altamente vulnerable a
las condiciones externas. El agravamiento de la crisis mundial y el desinfle de
la burbuja del crédito y la revaluación echaron abajo el andamiaje y dejaron
sin piso las previsiones del plan de desarrollo.
El mayor insuceso de la política
oficial estuvo en las iniciativas parlamentarias. La reforma a la salud,
aprobada a comienzos de la administración, no resolvió el caos financiero y la
reforma de la educación superior, que luego de ser rechazada por los
estudiantes se retiró del Congreso. Las leyes de tierras, regalías y
formalización de la mano de obra se aprobaron dentro de grandes despliegues,
pero su ejecución ha evolucionado muy por debajo de las metas oficiales. Para
completar, las reformas tributaria y pensional nunca se lograron concretar, y
ante los insucesos del proyecto de la justicia, el Gobierno optó por no
presentarlas.
En contraste, el acto legislativo de
la Regla Fiscal, que sustituyó la prioridad social del gasto social por la
austeridad, se tramitó en forma expedita y se aplicó con celeridad. A tiempo
que se incumplen los programas de vivienda de interés social y de
infraestructura, el propósito de reducir el déficit fiscal se cumple a la
perfección.
El país está pagando las facturas de
la ineficacia del modelo de la minería y servicios, así como de la inoperancia
de los proyectos legislativos. A los dos años de iniciada la administración
Santos no se vislumbra el perfil productivo y la base institucional que
impulsen el crecimiento sostenible con empleo de calidad y reviertan las
desigualdades de la sociedad colombiana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario