viernes, 26 de octubre de 2012

Conoce realmente Colombia el destino de sus políticas?


Continúa el deterioro de la producción

Por: Eduardo Sarmiento

Los anuncios oficiales para contrarrestar el choque externo de la economía mundial no se han cumplido. Contrario a las previsiones oficiales, la economía completó tres trimestres de deterioro progresivo de la actividad productiva



La crisis externa y el TLC no demoraron en manifestarse en las cuentas externas; las exportaciones han descendido durante tres meses seguidos, las importaciones de materias primas no muestran mayor variación y las importaciones de alimentos están disparadas. La producción industrial cayó 1,9% en agosto y el estancamiento se extiende al comercio y los servicios. La producción de cemento desciende, las licencias de construcción caen, la inversión en obras civiles crece por cambios metodológicos. Lo más grave es que la modesta recuperación del empleo se frenó. Todo el aumento de la ocupación se genera en la informalidad y el desempleo volvió a subir en las ciudades.
Frente a este panorama se plantea el interrogante sobre la capacidad de la política macroeconómica para enfrentar los ciclos de la producción. La primera limitación se encuentra en la naturaleza de burbuja de la economía. La entrada masiva de inversión extranjera se manifiesta en déficit en cuenta corriente y revaluación que dan lugar a una expansión del crédito muy superior al crecimiento del PIB, que no es sostenible. El sistema se mantiene en un estado permanente de incertidumbre. Así, en el momento del deterioro de la actividad productiva se generan expectativas que enrarecen los índices de solvencia y precipitan las instituciones a cortar el crédito. Es precisamente lo que ha sucedido en lo corrido del año. La cartera bancaria, que venia creciendo al 22%, pasó a hacerlo a la mitad, y los agregados monetarios evolucionan por debajo de la tendencia histórica.
La política fiscal está frenada por la ejecución. Los recursos provenientes de las regalías se mantienen congelados en el Banco de la República. Los excesivos sobrecostos y demoras que caracterizaron los proyectos de infraestructura constituyen un palo en la rueda para su expansión.
El aspecto más desconcertante es la intervención cambiaria. El Banco elevó en 30% las compras de divisas sin ningún efecto tangible. El tipo de cambio se mantiene cerca de $1.800.
La explicación es la misma de siempre. Los especuladores no creen que el Emisor eleve el tipo de cambio y adquiera todas las divisas para sostenerlo. Cuando la emisión monetaria llega a un monto que tienen muy bien calculado, proceden a suspender o moderar la intervención. En consecuencia, la acción de los agentes privados consiste en seguir las compras oficiales de divisas hasta alcanzar un punto en que proceden a realizar las ganancias y tumbar la cotización. Lo que debe hacer el Banco de la República es reconocer el fracaso de la modalidad de cambio flotante y anunciar la adquisición de todas las divisas a un precio sugerido independientemente de la emisión.
Los hechos demuestran de nuevo que el Banco de la República dispone de amplia discrecionalidad para detener brotes inflacionarios, pero carece de capacidad para enfrentar los choques recesivos. En la actualidad, las autoridades monetarias no disponen del manejo del crédito, el déficit fiscal y el tipo de cambio para contrarrestar el decaimiento de la producción y el empleo.
La predicción es la misma de principio de año. El desempeño del tercer trimestre será inferior al del segundo. El crecimiento del producto continuará la tendencia decreciente y terminará en cerca de 3,5% en el cuarto trimestre.

Reforma tributaria con propósitos inciertos

Por: Eduardo Sarmiento

Hace dos años analicé la reforma tributaria esbozada por el ministro Echeverry. Señalé que la iniciativa pretendía bajar los impuestos al capital y trasladarlos a los ingresos del trabajo mediante la elevación del IVA a los productos de primera necesidad.


La versión presentada por el ministro Cárdenas se fundamenta en el mismo principio, pero la forma es totalmente distinta.
La reforma contempla cinco aspectos centrales: elevación de los gravámenes a los grupos con salarios superiores a ocho millones mensuales mediante la tasa presuntiva a los ingresos totales; baja de los parafiscales de 29,5% a 16%; simplificación del IVA a tres tarifas, baja del impuesto de ganancias ocasionales de 30% a 10% y la introducción del impuesto a la equidad.
El efecto grande a la reforma es la elevación del gravamen a las rentas del trabajo superiores a $8 millones mensuales. Mal podría decirse que los mayores ingresos tributarios se destinarán a las escalas más bajas de ingreso. Su verdadera finalidad es compensar la baja de los recaudos ocasionados por la disminución de los parafiscales. Queda al descubierto que el propósito de la reforma es reducir los ingresos del trabajo con respecto al capital para abaratar los costos salariales y aumentar el empleo y la formalización de la mano de obra.
El expediente es de la misma familia de la flexibilización laboral que presume que el desempleo se origina en rigideces laborales y, en consecuencia, se corrige bajando los salarios. En aras de esas doctrinas se recortaron las compensaciones por horas extras y dominicales, se crearon las cooperativas de trabajadores, se ajustó el salario mínimo por debajo de la productividad y se incrementó la tributación indirecta.
La política fracasó. En los 10 años siguientes el desempleo se mantuvo por encima de 10%, la informalidad superó el 65% y los ingresos del trabajo en el PIB declinaron. El efecto fue opuesto.
Quién garantiza que cuando las empresas obtienen mayores ganancias por baja de los costos laborales, los orienten a contratar trabajadores informales. Lo más probable es que una parte se la apropien y la restante la destinen a atender presiones salariales. No existe la mano invisible que convierta las ganancias en contrataciones de trabajadores. Así lo confirman las leyes del primer empleo e informalidad.
Aquí no paran las asimetrías. Adicionalmente, se bajan las ganancias ocasionales de 30 a 10% y se reducen las escalas del IVA de siete a tres tarifas. La primera disminuye los gravámenes del capital y la segunda eleva los del trabajo. Por su parte, el llamado impuesto de la equidad de 8% es un juego aritmético.
La propuesta contempla múltiples cambios en la legislación que se compensarán con variaciones de salarios y precios que dificultan la cuantificación. De todas formas, es incuestionable que baja los ingresos del trabajo y eleva los del capital. Y no hay ninguna base científica para esperar que semejante estructura aumente el empleo y la formalidad. Estamos ante una iniciativa inequitativa incierta

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