Reformas
agrarias
Por:
Eduardo Sarmiento
El
proceso de paz revivió el debate sobre la reforma agraria. Las condiciones son
muy distintas a las de hace 50 años, cuando la agricultura representaba el 40%
de la riqueza y el ingreso nacional.
Hoy en día el producto agrícola es apenas el 7% del PIB.
Las transformaciones del sector solo pueden tener efectos notables en la medida
en que eleven la producción y el ingreso rural.
La discusión sobre el sector ha girado alrededor de los
tamaños de las unidades productivas. Las Farc se mantienen dentro de su
posición tradicional de erradicar el latifundio, pero se aprecia una mayor
flexibilidad con respecto al pasado, en cuanto que se acepta el criterio de
productividad. En la práctica, se estaría hablando más de la eficiencia que del
tamaño de las propiedades.
Los asesores del Gobierno han vuelto a la información que
muestra que la productividad de la tierra disminuye con el tamaño de las
propiedades y, en consecuencia, proponen reducir el tamaño de las grandes y
aumentar el de las pequeñas para elevar la producción y los ingresos del campo.
El buen propósito carece de una validez científica. Debido a las economías de
escala en los insumos agrícolas, como mano de obra, riego, fertilizantes y
semillas, la mayor productividad de los cultivos pequeños se compensa con los
mayores costos por hectárea. Así, la simple ampliación del acceso de los
pequeños productores a la tierra sería inocua. Los productores se resistirían a
aceptarlo, porque les significa un aumento de los gastos en los insumos y no
tienen seguridad de colocar la mayor producción en el mercado.
Es hora de que se entienda que el atraso de la
agricultura no obedece a la oferta. El área disponible es muy superior a la
cultivada y el Gobierno dispone de extensas confiscaciones de tierra. En El
modelo propio, que reapareció en una nueva edición, muestro que la verdadera
causa del retroceso del sector ha sido la deficiencia de demanda efectiva
ocasionada por la baja elasticidad precio de los alimentos.
El camino no está exento de dificultades. De un lado, el
desarrollo de los productos medianos y pequeños está limitado por los costos y
la demanda. De otro lado, la explotación de los cultivos temperados, que tienen
la mayor demanda mundial y están expuestos a economías de escala, requiere
grandes inversiones en que los consorcios nacionales e internacionales tienen
claras ventajas y no pueden ser restringidos por el TLC.
Sin duda, el mercado y los TLC aparecen como serios
obstáculos para la reforma agraria y la desconcentración del sector. El
antídoto no puede ser distinto de una empresa estatal, como Embrapa en Brasil,
que realice las grandes inversiones en asociación con las empresas comunitarias
y les traslade las ganancias a los pequeños agricultores en forma de apoyos que
reduzcan sus costos y les permitan bajar los precios para ampliar la producción
y el tamaño. De esta manera, se sentarían las bases para reducir las
desigualdades dentro del sector rural y acortar la brecha entre éste y el
urbano.
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